Martín Kanenguiser
LA NACION

El Gobierno enfrentará en nueve días una dura auditoría internacional por la falta de condenas judiciales y de esfuerzos para combatir más duramente el lavado de dinero.

Se trata de la misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que llegará con más de un año de demora y que contará con la asistencia de técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así, paradójicamente, aunque la Argentina logró eludir la evaluación de sus cuentas públicas por parte del FMI, indirectamente el organismo podrá investigar in situ las cifras de varios organismos oficiales.

Será un trabajo "en el terreno" del 16 al 27 de este mes, a través de reuniones con el Banco Central, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Justicia y organizaciones privadas (contadores, escribanos, bancos) relacionadas con la sensible cuestión, que merece gran atención de los países desarrollados.

Por esta razón, el coordinador de lucha contra el lavado, Alejandro Strega, realizó esta semana un encuentro con todas las entidades que se reunirán con los evaluadores para "unificar y moderar el discurso".

Fuentes relacionadas con el GAFI, funcionarios y especialistas privados anticiparon a LA NACION cuáles serán las críticas y los posibles elogios de esta revisión, la tercera que se realizará desde 2000:

-La falta de condenas judiciales a nueve años de la sanción de la ley de lucha contra el lavado.

Al respecto, el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, dijo: "Los evaluadores podrían llegar a observar el número de sentencias condenatorias bajo la ley 25.246 de lavado; las sentencias recayeron con la aplicación del entonces artículo 25 de la ley 23.737 sobre narcotráfico".

-Las complicaciones en torno a la figura penal del lavado. Ya en la evaluación de 2003, el GAFI objetó que este delito no tuviera una figura autónoma en el código penal. Además, se considera que hay demasiados delitos precedentes que complican el avance de los juicios.

-La falta de resolución de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) en la UIF. Tal como informó LA NACION, sólo se resolvió el 20%; como defensa, el organismo pide cambiar la legislación para hacer más selectivo el análisis de los ROS. Dados los cuestionarios enviados por el GAFI, se prevén críticas a la "falta de poder" de la UIF.

-La mejor nota posiblemente la saque el Banco Central por los controles aplicados sobre las entidades financieras. De hecho, el GAFI podría pedir que la entidad controle también a las mutuales, cooperativas y a las firmas que envían dinero.

-Respecto del blanqueo realizado este año entre marzo y agosto, en la AFIP y en otras dependencias oficiales creen que las explicaciones brindadas antes del inicio del polémico régimen fueron suficientes como para eludir cuestionamientos.

Pero los especialistas Félix Marteau y Francisco D´Albora indicaron que aún podría haber críticas.

"Aníbal Fernández dijo que el GAFI ya comprendió el blanqueo, pero la Argentina incumplió en todo, y hay una contradicción clara entre el blanqueo y las recomendaciones del organismo", señaló D´Albora.

Por su parte, Marteau, ex representante de la Argentina ante el GAFI y titular de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera, dijo: "No hay capacidad para investigar las rutas del dinero que proviene de delitos graves, tales como el narcotráfico, la corrupción y el contrabando, cada vez más presentes en nuestro territorio".

En particular, Marteau opinó: "Hay que contar con una ley penal que permita a jueces y fiscales perseguir a quien lava el dinero producto de su propia empresa criminal [autolavado] y autorice un rápido control y decomiso de los fondos ilícitos".

En cambio, Echegaray pronosticó: "Sin dudas van a elogiar los esfuerzos que realiza el país en la materia y los compromisos asumidos ante los organismos internacionales para seguir avanzando".

Y si bien EE.UU. se siente cómodo por los esfuerzos contra el financiamiento del terrorismo y colaborará para que haya más coordinación dentro del Estado, le gustaría un mayor avance en materia de legislación y de acción contra el lavado.

• Sin condenas. No hay sentencias por este delito desde la sanción de la ley, hace nueve años. Las que hay se relacionan con la ley que penaliza el narcotráfico.

• Ley compleja. El GAFI y varios países han pedido que el delito de lavado sea una figura autónoma en el código penal para facilitar su aplicación. Hay proyectos oficiales, pero ninguno se ha sancionado aún.

• Controles. Los resultados del blanqueo serán evaluados y se pedirá un refuerzo del poder de la UIF para que resuelva los numerosos casos que tiene pendientes. Además, podrían pedir que el BCRA también controle a cooperativas, mutuales y empresas que envían dinero.

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