Washington, 3 nov (EFE).- El ministro de Justicia de Perú, Aurelio Pastor, denunció hoy ante la CIDH una "malévola campaña de desinformación" para desprestigiar a su Gobierno en relación a los enfrentamientos ocurridos el pasado junio en la provincia de Bagua.

Pastor respondió así a las denuncias presentadas por varias organizaciones pro indígenas en una de las audiencias del 137 periodo de sesiones públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se celebra en Washington hasta el 6 de noviembre.

"Al mundo se le mintió acerca de lo ocurrido en Bagua. Se llenaron páginas web y blogs con información falsa y se presentó al presidente Alan García como contrario a los derechos de propiedad de los indígenas", aseguró el ministro.

Pastor se mostró "sorprendido" de que los enfrentamientos ocurridos en Bagua (norte del país) centraran una audiencia temática sobre los derechos humanos en la Amazonía peruana, y subrayó que esos hechos "se han manipulado en favor de intereses políticos e ideológicos".

El pasado 5 de junio, un grupo de indígenas que protestaba contra unos decretos legislativos que consideraban lesivos a sus derechos sobre la tierra se enfrentó a una patrulla policial que trataba de despejar una carretera en Bagua, en un choque que se saldó con 33 muertos, unos 200 heridos y un desaparecido.

Según el relato de Pastor, los policías fueron recibidos "a balazos" por los nativos, "prefirieron no usar sus armas" y fueron "masacrados por actuar conforme a la ley".

Pastor agregó que las cifras oficiales de muertos, que cuentan 23 policías fallecidos y 10 indígenas, demuestran "quiénes fueron los más afectados por el enfrentamiento".

La campaña de desinformación que denunció el ministro tiene su origen "tanto en la oposición política como en varias organizaciones de derechos humanos de otros países", que, aseguró, "reciben dinero por oponerse a las políticas del Estado".

"Es un buen negocio defender a los nativos si te ingresan cantidades desorbitadas por ello", dijo Pastor en declaraciones a los medios.

Aseguró que el Gobierno está perfilando "demandas de tipo civil contra los países que vertieron estas acusaciones", para "pedir indemnizaciones a quienes dañaron la imagen del Perú y lo presentaron como una nación genocida".

Indicó que los decretos legislativos contra los que protestaban los indígenas "pretendían darles facilidades para administrar sus tierras, no quitárselas".

A raíz del conflicto de Bagua, el Parlamento ha anulado dos de esos decretos legislativos, propuestos por el Gobierno de García.

Por su parte, Miguel Jugo, director de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (Aprodeh), dijo a la prensa que el ministro "miente" cuando indica que los indígenas portaban armas, puesto que "sólo tenían machetes y se ha demostrado en investigaciones oficiales".

La principal denuncia de los peticionarios consistió en que la comisión de investigación que el Estado ha dispuesto para el caso solo ha abierto procesos contra indígenas, y no contra autoridades.

Según la representante del Ministerio Público en la audiencia, Luz del Carmen Ibáñez, "sí se están recolectando pruebas y existen investigaciones preliminares contra miembros de la policía".

Daysi Zapata, vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), subrayó que el conflicto ha dejado tras de sí alrededor de 1,500 indígenas desplazados que se encuentran en "una situación de desprotección inaceptable".

Los peticionarios también pidieron que los indígenas que sean procesados puedan contar con intérpretes oficiales en su idioma, el aguarún, que se permita la presencia de un observador internacional y que el Estado se comprometa con la reparación de las víctimas. EFE